Suele aceptarse que la crisis económica actual tiene un origen netamente técnico-financiero. No obstante, se trata de un proceso institucional y, por tanto, político, que afecta al “contrato social” y a los derechos y libertades fundamentales, a la separación de poderes y a los principios básicos del Estado de Derecho. Se puede hablar, en cambio, de una crisis antropológica.